Sheinbaum manda al Legislativo la primera reforma ambiental en 38 años
La reforma sustituye una norma de 1988 y coloca la prevención, la restauración y la justicia ambiental en el centro de la política ecológica del país.
Por Equipo de Preservar.
El Gobierno de Claudia Sheinbaum presentó este miércoles la iniciativa de Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental, que actualizará el marco jurídico vigente desde hace casi cuatro décadas. La propuesta, elaborada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), será enviada a la Cámara de Diputados para su discusión.
La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, presentó los detalles durante la conferencia matutina de Palacio Nacional y calificó la jornada de histórica. La funcionaria explicó que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en vigor desde 1988, no responde ya a problemas que entonces no existían en la agenda pública, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de océanos y costas.
La nueva norma se apoya en diez principios rectores, entre ellos que no puede haber justicia social sin justicia ambiental y que es preferible prevenir los daños antes que repararlos. El texto incorpora, además, un programa de restauración ecológica —ausente en la legislación anterior—, mecanismos de reparación y remediación de daños, y una evaluación estratégica ambiental previa para los grandes proyectos de inversión, pensada para medir impactos acumulados en una misma región y evitar que las obras se fraccionen para eludir el control ambiental.
Bárcena defendió la necesidad del cambio legal apelando a la magnitud de los retos actuales: «el planeta está enfrentando nuevos desafíos ambientales», afirmó, entre ellos el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. La funcionaria recordó que la ley que se busca sustituir es incluso anterior a la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992, que marcó un antes y un después en la agenda climática internacional.
La iniciativa también busca dar mayor certeza jurídica tanto a las comunidades como a los proyectos de inversión, integrar los avances científicos y tecnológicos junto con los saberes de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y reforzar la participación ciudadana en las decisiones sobre el territorio.
La Organización de las Naciones Unidas en México respaldó la propuesta a través de su cuenta oficial, en la que destacó que la reforma sitúa la prevención, la restauración y la justicia ambiental en el centro de la relación entre desarrollo, personas y naturaleza, y la describió como un paso clave hacia un país más sostenible.
La propuesta llega después de que organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) advirtieran en julio sobre posibles deficiencias en versiones previas del proyecto, entre ellas el riesgo de que la evaluación ambiental estratégica termine sustituyendo, en lugar de complementar, a la evaluación de impacto ambiental de cada proyecto. El texto final deberá ahora seguir su trámite en el Congreso de la Unión.
