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La aprobación unánime del proyecto minero de Aclara por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental del Biobío cierra una década de tramitación, pero deja abiertas dudas sobre los impactos acumulativos, la protección de ecosistemas y la legitimidad social de una iniciativa resistida por parte de la comunidad.

Por Equipo de Preservar

La decisión llegó con 12 votos a favor, sin abstenciones ni rechazos. La Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) del Biobío aprobó este 8 de junio el proyecto de extracción y procesamiento de tierras raras que la empresa Aclara impulsa en Penco, una iniciativa presentada como estratégica para la transición energética global y que busca convertir a Chile en productor de minerales críticos para la electromovilidad y las energías renovables.

Pero mientras el Gobierno regional y la empresa celebran el hito, la resolución dista de cerrar el debate. Más bien inaugura una nueva etapa de controversia ambiental, jurídica y social en una comuna que durante años ha sido escenario de movilizaciones, reparos ciudadanos y cuestionamientos técnicos sobre los alcances reales del proyecto.

La aprobación se produjo después de que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emitiera un Informe Consolidado de Evaluación favorable, concluyendo que la iniciativa cumple la normativa ambiental vigente y que las objeciones formuladas durante la evaluación fueron subsanadas por la empresa.

Sin embargo, que un proyecto cumpla la normativa no implica necesariamente la ausencia de riesgos ambientales. Ese es precisamente uno de los argumentos que han sostenido organizaciones ciudadanas y parte del municipio de Penco durante la tramitación.

La iniciativa contempla la extracción de arcillas iónicas en sectores de los cerros de Penco para producir concentrados de tierras raras, minerales altamente demandados por industrias vinculadas a la descarbonización global. La empresa Aclara sostiene que su tecnología evita el uso de explosivos, no genera relaves y permite recircular la mayor parte del agua utilizada en el proceso.

Sin embargo, los cuestionamientos apuntan a aspectos que la empresa no ha puesto en el centro del debate. Diversas agrupaciones han advertido sobre la intervención de ecosistemas forestales, los efectos sobre cursos de agua y humedales, la pérdida de biodiversidad y los impactos acumulativos de una actividad minera en una comuna que históricamente no ha tenido una vocación extractiva de esta escala.

La tensión quedó de manifiesto en los días previos a la votación. Mientras juntas de vecinos y organizaciones favorables al proyecto destacaban la promesa de empleo y reactivación económica, grupos ciudadanos salieron a las calles de Penco y Lirquén para exigir el rechazo de la iniciativa.

La empresa y sus socios han subrayado que el proyecto contempla una inversión cercana a los US$130 millones y la generación de 2.200 empleos directos e indirectos en ejecución. Además, sostienen que la producción de tierras raras permitirá integrar a Chile en una cadena global clave para la fabricación de imanes permanentes utilizados en vehículos eléctricos y tecnologías renovables.

Pero el principal desafío para la legitimidad del proyecto no parece ser económico ni tecnológico, sino social.

Tras conocerse la resolución favorable, organizaciones vecinales y el municipio anunciaron que estudiarán acciones administrativas y judiciales para revertir la decisión. La oposición sostiene que aún existen impugnaciones ciudadanas insuficientemente respondidas y que la evaluación no despejó todas las incertidumbres sobre los impactos de largo plazo.

La controversia revela una tensión que se repite en distintos territorios de Chile y del mundo: la necesidad de extraer minerales considerados esenciales para combatir el cambio climático frente a la exigencia de proteger ecosistemas locales y garantizar una participación ciudadana efectiva.

El caso de Penco es particularmente simbólico porque podría transformarse en el primer proyecto de tierras raras en operación en Chile. Y precisamente por ese carácter pionero, la pregunta que emerge tras la aprobación no es solo si la iniciativa cumple con los estándares ambientales actuales, sino si esos estándares son suficientes para una actividad cuya experiencia en el país es prácticamente inexistente.

La votación unánime de la COEVA clausuró la etapa administrativa más relevante del proceso. Pero la discusión sobre sus efectos ambientales, lejos de terminar, parece recién comenzar.