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Una encuesta internacional revela que ocho de cada diez personas en Chile consideran que la conservación marina debe ser la principal prioridad en las zonas costeras, por encima de los intereses económicos.

Por Equipo de Preservar

La relación de Chile con el mar sigue siendo profunda, pero también está marcada por una creciente preocupación. Una encuesta internacional impulsada por Greenpeace concluyó que el 81% de los chilenos cree que la conservación marina y la protección de los océanos deben ser la principal prioridad en la gestión de las costas, una cifra que refleja la inquietud ciudadana frente al deterioro de los ecosistemas marinos.

Los resultados forman parte del estudio Ocean Justice, realizado en seis países —Chile, India, Reino Unido, Senegal, Sri Lanka y Tailandia— para conocer la percepción pública sobre el estado de los océanos y las amenazas que enfrentan. En Chile participaron mil personas de distintas regiones del país.

La preocupación no es menor. El océano cubre más del 70% de la superficie terrestre, genera cerca de la mitad del oxígeno que respira la humanidad y absorbe gran parte del exceso de calor provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, la ciencia advierte que su capacidad de regulación está siendo puesta a prueba por el calentamiento acelerado de las aguas, la contaminación y la sobreexplotación de recursos.

En un país cuya economía y cultura han estado históricamente ligadas al mar, la percepción ciudadana parece alinearse con esas alertas. Según la encuesta, el 86% de los consultados considera que actividades como la sobrepesca, la producción de harina y aceite de pescado o la acuicultura industrial contribuyen de manera importante a la crisis climática.

La contaminación aparece como la principal amenaza para la salud de los ecosistemas costeros. Un 62% de los encuestados la identificó como el problema más relevante, por encima del agotamiento de las poblaciones de peces (35%), la pesca industrial (31%) y la extracción de combustibles fósiles en el mar (28%).

“Los océanos sostienen la vida, pero hoy enfrentan una presión sin precedentes”, afirmó Dominique Charlin, experta en biodiversidad de Greenpeace. La especialista sostuvo que durante décadas estos ecosistemas fueron considerados una fuente inagotable de recursos, una visión que, a la luz de la evidencia científica, muestra señales evidentes de agotamiento.

La encuesta también revela una percepción crítica respecto de los responsables del deterioro marino. La industria de los combustibles fósiles encabeza la lista con un 36% de las menciones, seguida por las grandes empresas pesqueras (33%) y los gobiernos que, según los consultados, no impulsan regulaciones suficientes para proteger el océano (27%).

En materia pesquera, la ciudadanía identifica con claridad las prácticas más perjudiciales. La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada lidera las respuestas con un 61%, seguida por la pesca con explosivos (60%) y la pesca de arrastre de fondo (47%), una técnica ampliamente cuestionada por su impacto sobre los fondos marinos y la biodiversidad.

Las demandas hacia las autoridades también son concretas. Casi la mitad de los encuestados considera prioritario reforzar el cumplimiento de las leyes contra la contaminación marina. Otros plantean que las empresas responsables de daños ambientales deben asumir sus costos, avanzar en la eliminación de plásticos de un solo uso y ampliar las áreas marinas protegidas.

Más allá de las cifras, el estudio refleja un cambio cultural. La conservación marina deja de ser una preocupación exclusiva de científicos y organizaciones ambientales para convertirse en una demanda ciudadana transversal. No es casual que los científicos sean, según la encuesta, los actores que generan mayor confianza para abordar los desafíos oceánicos, seguidos por pescadores y comunidades costeras.

En momentos en que la presión sobre los ecosistemas marinos aumenta por el cambio climático y la expansión de actividades industriales, los resultados sugieren una señal clara para quienes toman decisiones: la protección del mar ya no es solo una aspiración ambiental, sino una prioridad social ampliamente respaldada.