Preservar

La caída de la deforestación durante su actual tercer mandato abre una nueva etapa para la conservación de la selva, pero la expansión petrolera y las disputas por los territorios indígenas mantienen las tensiones ambientales.

Por Equipo de Preservar.

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil permite dar continuidad a las políticas de protección de la Amazonía, en un momento en que los indicadores oficiales muestran una fuerte reducción de la deforestación. Sin embargo, la presión por explotar recursos naturales y las dificultades para consolidar la protección territorial plantean interrogantes sobre el alcance de los avances ambientales.

Lula obtuvo el 51,79% de los votos válidos en la segunda vuelta del 25 de octubre, frente al 48,21% de Flávio Bolsonaro, según el Tribunal Superior Electoral de Brasil. Su nuevo mandato comenzará el 5 de enero de 2027.

Uno de los principales antecedentes ambientales de su gestión es la disminución de la pérdida de bosque. Según la estimación preliminar del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), la deforestación en la Amazonía Legal cayó de 5.731 kilómetros cuadrados en el periodo agosto de 2024-julio de 2025 a 3.335 kilómetros cuadrados entre agosto de 2025 y julio de 2026. La reducción interanual alcanzó el 41,8% y el resultado corresponde al nivel más bajo de la serie histórica del sistema Prodes, iniciada en 1988.

El resultado se produce después de que el Gobierno restableciera instrumentos de fiscalización ambiental y retomara el Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación en la Amazonía Legal (PPCDAm). Esta estrategia, cuya quinta fase comprende el periodo 2023-2027, combina vigilancia, ordenamiento territorial y medidas para impulsar actividades económicas sostenibles.

La reducción de la deforestación es relevante para el clima global porque la destrucción y degradación de los bosques libera gases de efecto invernadero y disminuye la capacidad de los ecosistemas para almacenar carbono. Sin embargo, las cifras del Prodes miden principalmente la supresión de vegetación nativa mediante imágenes satelitales y no constituyen una medición completa de la degradación forestal, los incendios o el estado de conservación de toda la Amazonía.

El petróleo tensiona la agenda climática

Pese a los avances en materia forestal, la política energética representa uno de los principales puntos de tensión del Gobierno. Lula ha defendido la exploración de petróleo en la cuenca de Foz do Amazonas, frente a la costa de Amapá, una zona considerada estratégica para la expansión de la industria petrolera brasileña.

En agosto de 2026, Petrobras anunció el hallazgo de crudo en el pozo Morpho, ubicado a unos 175 kilómetros de la costa de Amapá, en aguas de 2.886 metros de profundidad. La empresa aún debía confirmar el tamaño del yacimiento y su viabilidad comercial mediante nuevas perforaciones. La eventual explotación podría tardar años en traducirse en producción.

El debate enfrenta dos objetivos de la política brasileña: obtener ingresos y reforzar la seguridad energética, por una parte, y reducir las emisiones y los riesgos ambientales, por otra. La exploración se desarrolla en aguas del Atlántico, en el llamado Margen Ecuatorial Brasileño, no dentro de la selva, pero forma parte de una discusión más amplia sobre la dependencia de los combustibles fósiles y la coherencia de los compromisos climáticos del país.

Las objeciones también han llegado desde organizaciones y líderes indígenas. Luene Karipuna, de la Articulación de Pueblos y Organizaciones Indígenas de Amapá y el Norte de Pará, denunció presión sobre los territorios indígenas y la exclusión de las comunidades en el proceso de exploración.

Territorios indígenas y obstáculos políticos

La conservación de la Amazonía depende también de la protección efectiva de sus territorios. Las comunidades indígenas desempeñan un papel importante en la preservación de los bosques, pero sus derechos territoriales siguen sujetos a disputas políticas y judiciales.

En agosto de 2026, Associated Press informó de litigios ante el Tribunal Supremo de Brasil sobre las normas para reconocer y delimitar territorios indígenas, así como sobre disposiciones que pueden facilitar la aprobación de proyectos de infraestructura y actividades económicas. El escenario refleja las dificultades que enfrenta el Ejecutivo para sostener su agenda ambiental frente a un Congreso más conservador.

La reelección de Lula permite mantener la orientación ambiental del Ejecutivo, pero no resuelve por sí sola estas controversias. La aplicación de las normas, la fiscalización de las actividades ilegales y la capacidad de construir acuerdos legislativos serán determinantes para evitar que las presiones económicas se traduzcan en una nueva aceleración de la pérdida de bosque.

Financiamiento y continuidad de las políticas

Otro instrumento relevante es el Fondo Amazonía, administrado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). El organismo informó que entre 2023 y 2025 se aprobaron y contrataron proyectos por 3.700 millones de reales, equivalente al 56% del volumen total aprobado y contratado por el fondo desde su creación, en 2008.

Los proyectos incluyen acciones contra los incendios forestales, restauración de áreas degradadas y apoyo a actividades productivas sostenibles. La continuidad del financiamiento puede contribuir a ampliar estas iniciativas, aunque su impacto dependerá de la ejecución de los proyectos y de la capacidad de evaluar sus resultados.

La Amazonía, uno de los ecosistemas más importantes para la biodiversidad y la regulación climática, seguirá siendo una prueba central para el próximo mandato de Lula. Los datos de deforestación ofrecen una señal favorable, pero la conservación a largo plazo exigirá sostener la fiscalización, proteger los territorios indígenas y resolver las contradicciones entre la expansión de la industria extractiva y los compromisos ambientales de Brasil.