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La abogada de Greenpeace Chile, Roxana Núñez, advirtió sobre los riesgos de que el Gobierno avance en una eventual revisión del proyecto minero-portuario mientras existen investigaciones por presuntas irregularidades vinculadas a su tramitación. Cuatro solicitudes de invalidación ingresadas ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) abrieron una nueva vía administrativa para la iniciativa de Andes Iron.

Por Equipo de Preservar. 

La posibilidad de que Dominga vuelva a ser revisado por el Comité de Ministros encendió las alertas de la organización ambientalista. En  una declaración pública difundida el 29 de octubre, Núñez emplazó al Gobierno del presidente José Antonio Kast a garantizar la transparencia y la independencia de cualquier decisión que pueda modificar el rechazo ambiental del proyecto.

«Lo que está en juego no es solamente el futuro de un proyecto minero, sino también la probidad, la transparencia y la credibilidad de las instituciones del Estado», sostuvo Núñez. La abogada advirtió que la eventual resolución de las solicitudes de invalidación debe considerar tanto los cuestionamientos ambientales como los antecedentes judiciales que rodean a la iniciativa.

La declaración llega en un momento decisivo para Dominga, que acumula 13 años de tramitación. Aunque obtuvo una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable en 2021, el Comité de Ministros lo rechazó nuevamente en enero de 2025. Ese rechazo sigue vigente, pero la controversia administrativa en curso podría modificar el escenario.

Una nueva vía para revertir el rechazo

El nuevo capítulo comenzó en junio de 2026, cuando cuatro organizaciones presentaron solicitudes de invalidación contra la resolución del Comité de Ministros que rechazó Dominga en enero de 2025.

Los requerimientos fueron ingresados por el Comité de Agua Potable Rural de Caleta Los Hornos, la Asociación Federativa de Pescadores Artesanales del Borde Costero de La Higuera, la Central Sindical Unión Nacional de Trabajadores de Chile y el Sindicato Nacional Interempresa de Faeneros de Chile.

En septiembre de 2026, el SEA —en su calidad de secretaría del Comité de Ministros— admitió a trámite las cuatro presentaciones. La admisión no significa que las solicitudes hayan sido acogidas ni que el proyecto haya recuperado su aprobación ambiental. Según el propio procedimiento, quedaron pendientes el análisis de la legitimación de las organizaciones y de los argumentos de fondo.

La tramitación había quedado suspendida mientras la Corte Suprema conocía recursos judiciales relacionados con el caso. El 28 de septiembre, Andes Iron se desistió de los recursos de casación y de queja que mantenía ante el máximo tribunal. La empresa explicó que buscaba no obstaculizar el avance de la vía administrativa.

Con ese retiro, la controversia vuelve a concentrarse en el procedimiento ante el SEA y el Comité de Ministros. Si las solicitudes de invalidación prosperan, la resolución de enero de 2025 podría quedar sin efecto y abrirse un nuevo pronunciamiento sobre el proyecto. Esto no implica una aprobación automática ni garantiza un resultado favorable para Andes Iron.

La eventual sesión del Comité de Ministros es precisamente lo que motivó la declaración de Greenpeace. Hasta ahora, la organización alude a una eventual reunión, pero no existe una fecha oficial para su realización.

Los cuestionamientos que sustentan el rechazo

Para Greenpeace, las objeciones técnicas que motivaron el rechazo de Dominga no han sido resueltas. En enero de 2025, el Comité de Ministros calificó desfavorablemente el proyecto tras acoger reclamaciones ciudadanas relacionadas con deficiencias en su evaluación ambiental.

Uno de los cuestionamientos fue la exclusión de observaciones de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) sobre biodiversidad. El organismo había advertido la falta de información respecto de especies vegetales endémicas presentes en el área de intervención minera, entre ellas Krameria cistoidea y Balsamocarpon brevifolium, esta última clasificada en peligro de extinción. Según el Comité, esa insuficiencia impedía determinar adecuadamente los impactos sobre esas especies y sobre otras que dependen de ellas, como el tricahue.

El segundo cuestionamiento apuntó a las deficiencias del plan de prevención de contingencias y emergencias. Para el Comité de Ministros, las medidas propuestas no eran suficientes para enfrentar eventuales derrames de hidrocarburos ni contemplaban adecuadamente los riesgos de vertimientos de concentrado de hierro durante el transporte marítimo.

El Ministerio del Medio Ambiente señaló que estas deficiencias adquirían especial relevancia por las características ecológicas del área, hábitat de especies como el pingüino de Humboldt y distintos cetáceos en categorías de conservación.

«Los argumentos científicos que fundamentaron sus rechazos no han desaparecido porque haya cambiado el gobierno», afirmó Núñez. La abogada agregó que, si el Comité decide revertir el rechazo, deberá explicar públicamente qué nuevos antecedentes justifican ese cambio, cómo se resolvieron las deficiencias ambientales y qué garantías existen de que la decisión fue adoptada con independencia.

Investigaciones por presuntas irregularidades

A los cuestionamientos ambientales se suma una arista judicial que ha vuelto a poner bajo escrutinio la tramitación de Dominga. El 19 de octubre, una investigación de Mongabay Latam reveló antecedentes sobre pagos de Andes Iron a abogados, asesores y exautoridades políticas con vínculos con instituciones del ámbito judicial y político.

El reportaje, elaborado a partir de documentos internos de la compañía y entrevistas, identificó entre los asesores de la empresa al abogado José Ramón Correa y a integrantes del estudio jurídico Lagos, Vargas & Silber. Según la investigación, el estudio recibió pagos de Andes Iron por servicios relacionados con el proyecto, mientras sus socios Eduardo Lagos y Mario Vargas enfrentan investigaciones por presuntos delitos de corrupción en el caso conocido como “Muñeca Bielorrusa”.

Los antecedentes también motivaron una investigación penal reservada sobre los pagos realizados a ese estudio jurídico. Greenpeace presentó una querella para que se investiguen eventuales delitos de cohecho agravado y revelación de secretos.

La existencia de estos pagos y de investigaciones judiciales no acredita, por sí misma, la comisión de delitos por parte de Andes Iron. La empresa ha señalado que los pagos al estudio correspondieron a la elaboración de análisis jurídicos y evaluaciones de contexto legal.

Para Núñez, estos antecedentes hacen especialmente delicado avanzar en una decisión administrativa sin despejar las dudas sobre la integridad del procedimiento.

«El Ejecutivo tiene la obligación de garantizar que ninguna influencia indebida intervenga en las decisiones sobre Dominga», sostuvo. También advirtió que apresurar una resolución sin garantías suficientes de transparencia e independencia podría comprometer la credibilidad de las instituciones involucradas.

Un proyecto con 13 años de disputa

Dominga contempla la explotación de dos yacimientos de hierro y cobre, una planta desalinizadora y un puerto de embarque en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo. Según antecedentes publicados por Andes Iron, considera una producción anual de 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150.000 toneladas de concentrado de cobre.

Su cercanía con el archipiélago de Humboldt, una de las zonas de mayor biodiversidad marina del país, ha concentrado la oposición de organizaciones ambientales y científicos, que advierten riesgos para los ecosistemas de la zona.

La historia administrativa del proyecto comenzó en septiembre de 2013, cuando ingresó su Estudio de Impacto Ambiental al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Desde entonces, ha enfrentado sucesivos rechazos y resoluciones judiciales. Obtuvo una RCA favorable en 2021, pero el Comité de Ministros lo rechazó en enero de 2023 y, posteriormente, en enero de 2025, tras una sentencia del Primer Tribunal Ambiental que ordenó emitir un nuevo pronunciamiento.

Ahora, con el retiro de los recursos judiciales de Andes Iron y las solicitudes de invalidación admitidas a trámite, el futuro de Dominga vuelve a depender de una decisión administrativa.

Para Greenpeace, la discusión no puede limitarse a los aspectos procedimentales. «La ciudadanía tiene derecho a exigir explicaciones y a conocer los fundamentos de cualquier decisión que pueda revertir el rechazo de Dominga», concluyó Roxana Núñez.

La organización también hizo extensiva la responsabilidad al Presidente y a su Gobierno, al sostener que cualquier resolución deberá garantizar el apego a la ley, la transparencia y la independencia institucional.