Preservar

A partir de agosto, las compañías con altos consumos de energía deberán contar con sistemas de gestión obligatorios bajo la Ley de Eficiencia Energética. El desafío abre una carrera por modernizar procesos, reducir costos y evitar sanciones.

Por Equipo de Preservar/Agencias

La cuenta regresiva ya comenzó para parte importante de la gran industria chilena. A menos de seis meses de que expire el plazo fijado por la Ley 21.305 sobre Eficiencia Energética, las empresas con consumos superiores a 50 tera-calorías anuales deberán demostrar que cuentan con Sistemas de Gestión de Energía (SGE) plenamente operativos, en una de las transformaciones regulatorias más ambiciosas que ha impulsado el país en materia energética durante la última década.

La exigencia alcanza a los denominados Consumidores con Capacidad de Gestión de Energía (CCGE), categoría creada por la normativa para aquellas compañías de alto consumo energético. La ley establece que estas empresas deben implementar mecanismos permanentes de monitoreo, control y mejora de su desempeño energético, incorporando políticas internas, metas, indicadores, auditorías periódicas y responsables dedicados a la gestión energética.

Más que una obligación administrativa, el nuevo escenario representa un cambio estructural en la manera en que industrias como la minería, la manufactura, la agroindustria o el retail administran sus operaciones. La normativa busca que la eficiencia energética deje de ser una medida voluntaria o asociada únicamente a la reducción de costos, para convertirse en un componente estratégico de competitividad y reducción de emisiones.

La Ley 21.305, publicada en 2021, fijó además metas nacionales para disminuir la intensidad energética del país hacia 2030 y mandató la elaboración de un Plan Nacional de Eficiencia Energética que debe actualizarse cada cinco años. Entre sus principales instrumentos, la legislación obliga a las empresas catalogadas como CCGE a implementar sistemas que cubran al menos el 80% de su consumo energético total, además de someterse a auditorías externas cada tres años.

El incumplimiento no es menor. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) puede iniciar procedimientos sancionatorios y aplicar multas que, según advierten especialistas del sector, podrían alcanzar las 60.000 UTM en los casos más graves.

En paralelo, la normativa también amplió el alcance de la eficiencia energética hacia otros ámbitos. La ley introdujo exigencias de calificación energética para viviendas y edificios comerciales, impulsó estándares de rendimiento para vehículos y estableció obligaciones de reporte energético para organismos públicos. El objetivo de fondo es transversal: reducir el consumo energético del país sin afectar productividad ni calidad de vida.

En ese contexto, la tecnología aparece como una de las principales herramientas para cumplir con las nuevas exigencias regulatorias. Sensores inteligentes, plataformas de monitoreo en tiempo real y sistemas basados en Internet de las Cosas (IoT) comienzan a expandirse en plantas industriales y edificios corporativos para medir consumos, detectar desviaciones y optimizar procesos.

Ignacio Ugalde, director de Power Systems de Schneider Electric, sostiene que la digitalización energética ya dejó de ser una tendencia futura para convertirse en una necesidad operativa. “Las plataformas digitales permiten monitorear consumos en tiempo real, anticipar ineficiencias y evitar detenciones costosas, además de facilitar el cumplimiento regulatorio”, afirma.

Entre las soluciones disponibles en el mercado destacan plataformas capaces de integrar datos provenientes de medidores inteligentes y equipos industriales para generar indicadores de desempeño energético, auditorías automatizadas y planes de optimización. La adopción de estas herramientas, explican expertos del sector, no solo ayuda a cumplir con la ley, sino que también puede traducirse en reducciones significativas de costos operacionales.

El desafío, sin embargo, no es homogéneo. Mientras grandes compañías exportadoras ya habían avanzado en estrategias de gestión energética por exigencias de mercados internacionales o compromisos ESG, otras empresas enfrentan el proceso con menor preparación técnica y financiera.

La entrada en vigencia de estas obligaciones marca uno de los hitos más concretos de la transición energética chilena. En un escenario de creciente presión por reducir emisiones y mejorar la competitividad industrial, la eficiencia energética comienza a consolidarse no solo como una política pública, sino también como un nuevo estándar para operar en la economía del futuro.