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La transición hacia energías limpias y el abandono de los combustibles fósiles marcaron la agenda energética de la COP31 en Antalya, Turquía. Una hoja de ruta presentada por Brasil busca convertir los compromisos climáticos en planes nacionales, mientras la falta de infraestructura eléctrica y el alto costo de financiamiento amenazan con frenar el proceso.

Por Equipo de Preservar/ONU Noticias

La necesidad de acelerar la transición energética volvió al centro del debate durante el segundo día de la COP31, que se desarrolla en Antalya, Turquía. Representantes de distintos países abordaron los desafíos para reducir la dependencia del carbón, el petróleo y el gas, ampliar el uso de energías renovables y modernizar las redes eléctricas que deben sostener este cambio.

Uno de los principales anuncios de la jornada fue la presentación formal de una hoja de ruta impulsada por Brasil, país que presidió la COP30, destinada a transformar el compromiso internacional de abandonar los combustibles fósiles, alcanzado en la COP28 de Dubái, en acciones concretas a escala nacional.

Durante el lanzamiento, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, sostuvo que la transición para dejar atrás los combustibles fósiles no debería seguir tratándose como un asunto tabú o un problema imposible de resolver. También advirtió que la dependencia de estos recursos representa una carga económica creciente, además de sus consecuencias climáticas.

Como ejemplo, señaló que, desde el inicio de la actual escalada en Oriente Medio, la Unión Europea ha pagado más de 100.000 millones de euros en costos adicionales por importaciones de combustibles fósiles, mientras los precios de la gasolina y el diésel han aumentado en 130 países.

Una hoja de ruta para dejar atrás los combustibles fósiles

La propuesta brasileña, publicada inicialmente el 3 de noviembre, plantea orientaciones para que los países diseñen sus propios caminos hacia una economía menos dependiente de los combustibles fósiles. El documento considera cuatro dimensiones: la demanda, la producción y el suministro de estos recursos, además de las consecuencias económicas de abandonarlos.

El desafío no es el mismo para todas las naciones. Mientras los países productores de petróleo y gas deben prepararse para una eventual reducción de ingresos y los cambios en el empleo y la industria, aquellos que dependen de las importaciones necesitan desarrollar alternativas que disminuyan su exposición a la volatilidad de los mercados internacionales.

La hoja de ruta propone indicadores para evaluar el nivel de preparación de cada país, identificar obstáculos y definir próximos pasos, además de promover una mayor cooperación internacional.

Sin embargo, no constituye un nuevo acuerdo climático vinculante. Se trata de una herramienta voluntaria. Guterres llamó a los gobiernos a elaborar planes nacionales con plazos definidos, identificar sus necesidades de financiamiento y demostrar avances medibles de aquí a 2028.

Turquía apuesta por acelerar la electrificación

La presidencia anfitriona de la COP31 también presentó una iniciativa para impulsar el uso de electricidad en distintos sectores de la economía.

El Compromiso Global de Electrificación 35-35 busca elevar la participación de la electricidad en el consumo energético mundial desde algo más del 20% actual hasta el 35% en 2035.

La propuesta apunta a acelerar la incorporación de autobuses eléctricos en reemplazo de los vehículos diésel, ampliar las alternativas de calefacción eléctrica en los hogares y promover que más industrias utilicen electricidad en sus procesos productivos.

Para que esta transformación contribuya efectivamente a reducir las emisiones, Naciones Unidas subraya que la electricidad debe provenir cada vez más de fuentes limpias.

Redes eléctricas: el eslabón pendiente

Uno de los principales obstáculos para acelerar la transición energética es la infraestructura necesaria para transportar la electricidad desde los centros de generación hasta los hogares, las empresas y las industrias.

Según Dario Liguti, director de la División de Energía, Vivienda y Gestión de Tierras de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE-ONU), alrededor de 2.500 gigavatios de capacidad de generación eléctrica y otros proyectos energéticos esperan actualmente conectarse a las redes en distintas partes del mundo.

Algunas instalaciones no pueden conectarse, mientras que otras deben reducir su producción porque la infraestructura existente no tiene capacidad para absorber toda la energía generada.

Ante este escenario, Liguti planteó la necesidad de ampliar las redes de transmisión y mejorar las instalaciones existentes. El desafío supone construir millones de kilómetros de nuevas líneas eléctricas y modernizar los sistemas actuales.

La expansión de la energía solar y eólica ofrece oportunidades, en parte porque sus proyectos pueden construirse en plazos relativamente breves. Además, al utilizar recursos disponibles localmente, pueden reducir la dependencia de las importaciones de petróleo y gas y fortalecer la seguridad energética. Pero su aporte dependerá de que exista infraestructura capaz de llevar esa electricidad hasta donde se necesita.

El costo de financiar la transición

Aunque la energía solar y eólica han reducido considerablemente sus costos durante la última década, la inversión inicial continúa siendo una barrera importante para numerosos países en desarrollo.

Olli-Pekka Kuusela, investigador del Instituto Mundial de Investigación en Economía del Desarrollo de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-WIDER), explicó a Noticias ONU que las economías más pobres suelen enfrentar costos de endeudamiento mucho más elevados. Esto dificulta financiar proyectos de energía limpia, incluso cuando las tecnologías ya son competitivas.

En ese contexto, los bancos de desarrollo podrían desempeñar un papel relevante mediante préstamos con tasas de interés más bajas y mejores condiciones de acceso al capital.

La discusión también incluye la necesidad de garantizar el acceso a la electricidad. En África subsahariana, más de 500 millones de personas todavía carecen de suministro eléctrico. Extender un servicio confiable podría favorecer el desarrollo de nuevas industrias, la manufactura, mejores servicios y sistemas de transporte público eléctrico.

A estos desafíos se suma la adaptación de los sistemas energéticos a los impactos del cambio climático. Kuusela mencionó el caso de Zambia, donde una sequía severa redujo la generación hidroeléctrica y provocó apagones y racionamientos. La ampliación de la energía solar y el fortalecimiento de las conexiones eléctricas con países vecinos podrían contribuir a reducir la vulnerabilidad ante episodios similares.

En esa misma línea, Naciones Unidas impulsa el Acelerador Global de Redes, una iniciativa orientada a movilizar inversiones y acelerar la expansión y modernización de la infraestructura eléctrica.

Los debates de la COP31 dejan en evidencia que abandonar los combustibles fósiles exige mucho más que instalar nuevas centrales solares y eólicas. La transición también requiere redes capaces de distribuir esa energía, financiamiento accesible y sistemas eléctricos preparados para enfrentar los efectos del cambio climático.