Chile se prepara para una nueva temporada de incendios forestales

Foto: Cristobal Olivares / Greenpeace
Chile se prepara para enfrentar la temporada de incendios forestales 2026-2027 en un escenario de creciente riesgo, marcado por las altas temperaturas, la sequedad de la vegetación y las condiciones climáticas que podrían favorecer la propagación del fuego. Ante este panorama, Greenpeace advierte que la prevención debe reforzarse antes del verano y que la respuesta no puede depender únicamente de los recursos destinados a combatir las emergencias.
Por Equipo de Preservar.
La advertencia se apoya en cifras que muestran un cambio significativo en el comportamiento de los incendios forestales. Según un análisis de datos de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) realizado por Greenpeace, al comparar las últimas dos décadas, el número de incendios aumentó un 9%, mientras que la superficie afectada creció un 159%. En el caso de los siniestros de más de 200 hectáreas, el incremento de la superficie quemada alcanzó el 214%.
El dato más revelador es que, durante la última década, apenas el 0,4% de los incendios concentró el 70% de las hectáreas consumidas por el fuego. Una proporción que evidencia el peso que tienen los siniestros de gran magnitud en el impacto total sobre los territorios.
El factor humano y las condiciones del territorio
La dimensión climática es solo una parte del problema. Francisco de la Barrera, director del Centro de Ciencias Ambientales EULA de la Universidad de Concepción e investigador de Cedeus, sostiene que la temporada de incendios se ha extendido considerablemente durante los últimos 10 a 15 años. Esta situación obliga a las instituciones públicas y a las empresas privadas a mantener sus capacidades de prevención y combate durante más meses.
El académico identifica varios factores que favorecen la propagación del fuego: las olas de calor, la sequedad de la vegetación y la acumulación de material combustible. También advierte sobre la influencia de la configuración del paisaje. En el sur, las plantaciones forestales, especialmente cuando carecen de un manejo adecuado, pueden facilitar la continuidad del combustible; en la zona central, el abandono de terrenos rurales contribuye a la acumulación de vegetación.
Aunque las personas constituyen el principal factor de inicio de los incendios, De la Barrera advierte que las características del territorio pueden determinar la magnitud que alcanza una emergencia. Por eso, considera insuficiente concentrar los esfuerzos exclusivamente en la construcción de cortafuegos estrechos: se necesitan intervenciones más amplias para reducir el combustible disponible y una planificación territorial que considere la densidad de vegetación en zonas productivas y residenciales.
La dimensión humana del problema también aparece en las estadísticas oficiales. Según CONAF, aproximadamente el 99,7% de los incendios forestales en Chile tiene origen humano, ya sea por negligencia o intencionalidad. El dato refuerza la importancia de la prevención y de las conductas individuales, pero también de la fiscalización y la gestión del territorio.
CONAF presentó el Plan de Protección contra Incendios Forestales 2026-2027, que contempla 319 brigadas con 3.778 brigadistas y 77 aeronaves. A estos recursos se suman equipos del sector privado, 40 torres de vigilancia, 15 puestos de observación y 340 cámaras de televigilancia. La estrategia también considera cortafuegos, reducción de vegetación combustible, detección temprana y programas de preparación para comunidades y establecimientos educacionales.
Una ley que no llegará a tiempo
La discusión sobre la prevención también está atravesada por la tramitación de la Ley de Incendios, una iniciativa que busca establecer obligaciones permanentes para reducir los riesgos y mejorar la planificación territorial.
El proyecto avanzó durante noviembre, pero su aprobación legislativa no significa que sus disposiciones puedan aplicarse de inmediato. La propuesta de la Comisión Mixta fue aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados el 3 de noviembre, aunque dos normas no alcanzaron el quórum constitucional requerido. El 11 de noviembre fue sometida a votación en el Senado.
Para Greenpeace, la demora refleja una falta de prioridad política frente a un problema que amenaza tanto a las comunidades como a los ecosistemas. Silvana Espinosa, experta en Clima y Ecosistemas de la organización, sostiene que la prevención no puede limitarse a campañas de concientización ni descansar exclusivamente en la capacidad de respuesta de los equipos de emergencia.
La organización plantea que las empresas forestales y agrícolas deben mejorar el manejo de combustible vegetal y mantener sus predios, mientras que los municipios tienen que identificar sectores vulnerables, limpiar áreas críticas, fiscalizar actividades riesgosas y preparar a las comunidades.
El desafío, en definitiva, va más allá de disponer de brigadas, aeronaves y equipamiento para enfrentar las llamas. La reducción del riesgo exige intervenir anticipadamente el territorio, mejorar la planificación de las zonas donde conviven viviendas y vegetación y fortalecer la responsabilidad de los distintos actores involucrados.
Con una temporada de mayor exposición al fuego en el horizonte, la prevención vuelve a situarse en el centro de la discusión. La capacidad de combatir los incendios es indispensable, pero evitar que se inicien y limitar su propagación sigue siendo una de las herramientas más importantes para proteger a las personas, los bosques y la biodiversidad.



