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El exministro de Medio Ambiente cuestiona el proyecto que permitiría indemnizar a empresas cuyas licencias ambientales sean revocadas por la Justicia. Advierte que la medida debilita la institucionalidad ambiental, desincentiva la inversión y concentra un poder excesivo en el Ministerio de Hacienda.

Por Equipo de Preservar / Mongabay

El proyecto impulsado por el Gobierno para compensar económicamente a las empresas que pierdan sus permisos ambientales por decisión de los tribunales ha abierto un nuevo frente de debate sobre el futuro de la institucionalidad ambiental chilena. Para Pablo Badenier, biólogo marino y ministro del Medio Ambiente entre 2014 y 2017, la iniciativa responde a un diagnóstico equivocado sobre el funcionamiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y podría generar el efecto contrario al que busca el Ejecutivo: aumentar la incertidumbre para las inversiones.

En una entrevista concedida a la periodista Emilia Delfino para Mongabay Latam, Badenier sostiene que el sistema ambiental chileno «funciona bien» en términos generales, aunque reconoce que requiere ajustes para reducir los tiempos de tramitación. A su juicio, el aumento de la complejidad en las evaluaciones no responde a un exceso burocrático, sino a la incorporación de nuevas exigencias legales aprobadas transversalmente durante los últimos años.

El punto más controvertido del proyecto es la obligación del Estado de indemnizar a un titular cuando una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) sea anulada por una sentencia judicial firme, salvo que la revocación se deba a información falsa proporcionada por la empresa. Badenier considera que esa disposición equivale a trasladar al Estado un riesgo que corresponde a los privados y que terminaría funcionando como una especie de seguro financiado con recursos públicos.

Según el exministro, lejos de facilitar la inversión, la medida podría volver más conservadores a los organismos evaluadores. Ante el riesgo de que una autorización sea posteriormente anulada y genere un costo fiscal, los funcionarios tendrían mayores incentivos para rechazar proyectos complejos antes que aprobarlos bajo condiciones. «Se va a transformar en una espada de Damocles para los procesos de evaluación», advierte.

Badenier también cuestiona el argumento del Gobierno de que la iniciativa estimularía la inversión privada. Asegura que existe un amplio consenso entre especialistas, exautoridades ambientales e incluso organizaciones empresariales en contra de la propuesta, lo que, a su juicio, refleja que el proyecto nace del desconocimiento sobre el funcionamiento del propio sistema de evaluación ambiental chileno.

Para el exsecretario de Estado, el debate sobre la llamada «permisología» ha contribuido a instalar una visión simplificada de los permisos ambientales, presentándolos como un obstáculo al desarrollo. Sin embargo, recuerda que las mayores exigencias regulatorias han sido resultado de reformas legales aprobadas por distintos gobiernos y mayorías parlamentarias, en respuesta a la necesidad de elevar los estándares de protección ambiental.

Más allá de esta iniciativa en particular, Badenier manifiesta preocupación por el peso que ha adquirido el Ministerio de Hacienda en materias tradicionalmente lideradas por la cartera de Medio Ambiente. A su juicio, las reformas ambientales deberían discutirse en proyectos específicos y en las comisiones especializadas del Congreso, evitando incorporarlas en leyes misceláneas cuyo foco principal no es la protección del entorno.

Su diagnóstico es categórico: «Un Ministerio de Hacienda todopoderoso, sin contrapeso, no es un buen escenario para regulaciones de protección ambiental». Pese a ello, confía en que el Congreso retome la discusión de una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental iniciada en la administración anterior, que, en su opinión, ofrece una base técnica más sólida para perfeccionar la institucionalidad sin debilitar las garantías ambientales.