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Una investigación de CIPER reveló que Emanuel Ibarra asesoró a seis compañías que enfrentan procedimientos sancionatorios ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), organismo que hoy encabeza. La autoridad aseguró que se abstendrá de intervenir en los casos que involucren a sus antiguos clientes.

Por Equipo de Preservar.

El actual superintendente del Medio Ambiente, Emanuel Ibarra, representó a seis empresas sometidas a procedimientos sancionatorios por infracciones ambientales calificadas como “gravísimas” por el propio organismo fiscalizador que ahora dirige. Así lo reveló una investigación de los periodistas José Gubbins y Diego Ortiz, publicada por CIPER el 15 de octubre, que identificó ocho reuniones de lobby realizadas entre 2023 y 2026 en representación de estas compañías.

Durante ese período, Ibarra trabajó como abogado del estudio especializado en materias ambientales Moreno, Sáez y Avilés (MSyA), desde donde representó a Andex Minerals, Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, Forestal Tulsa, Interchile, Agrícola Tarapacá y Cal Austral ante distintos organismos públicos, incluida la SMA.

Según los antecedentes recopilados por CIPER, los procedimientos sancionatorios de las seis empresas continúan abiertos, ya sea en curso o con planes de cumplimiento en ejecución. Entre los casos figuran sondajes mineros sin autorización ambiental en una reserva nacional, instalaciones avícolas construidas sin Resolución de Calificación Ambiental (RCA), e infracciones relacionadas con el monitoreo de recursos hídricos y la protección de bosques nativos.

Seis empresas bajo investigación

La investigación de CIPER detalla las infracciones atribuidas a cada compañía y las gestiones realizadas por Ibarra en su representación.

Andex Minerals SpA realizó sondajes mineros sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental en la Reserva Nacional Las Vicuñas, en la Región de Arica y Parinacota. Según los antecedentes de la SMA citados por el medio, estas actividades afectaron especies clasificadas como vulnerables dentro del área protegida.

Agrícola Tarapacá, por su parte, construyó instalaciones destinadas a la crianza y engorda de 85.000 pollos y 60.000 gallinas en el Valle de Lluta sin contar con una RCA. La SMA constató emisiones de olores y presencia de vectores asociados a su funcionamiento, y advirtió de graves riesgos para la salud de la población.

En el caso de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, los cargos incluyen omisiones en 77 puntos de control de calidad del agua, incumplimientos en el monitoreo de avifauna en el Salar de Coposa y una extracción de aguas subterráneas que habría provocado un descenso superior al proyectado.

La eléctrica Interchile enfrenta procedimientos vinculados a su línea de transmisión Cardones-Polpaico. Entre los incumplimientos señalados por la SMA figuran afectaciones a bosques nativos que la empresa se había comprometido a preservar y la construcción de obras y caminos fuera de las áreas descritas en el proyecto, con una afectación aproximada de 120 hectáreas.

Forestal Tulsa fue sancionada por no presentar sus reportes de monitoreo de emisiones durante tres años consecutivos, entre 2020 y 2022. Cal Austral, en tanto, fue sancionada por infracciones relacionadas con el almacenamiento de conchas marinas con restos orgánicos, que generaron aumentos de amoniaco en el ambiente, malos olores y presencia de avifauna en sus centros de acopio. Según CIPER, las infracciones originales fueron calificadas como graves y, tras la reincidencia, fueron imputadas nuevamente como gravísimas.

Ibarra asegura que se abstendrá de intervenir

Uno de los puntos centrales de la investigación es que los procedimientos sancionatorios de las seis empresas continúan abiertos, ya sea en curso o sujetos a planes de cumplimiento en ejecución. Por ello, deberán seguir tramitándose durante la gestión de Ibarra al frente de la SMA.

Consultado por CIPER sobre cómo se garantizará la imparcialidad de las decisiones, considerando que los funcionarios deberán resolver casos que involucran a antiguos clientes de su actual jefe, el superintendente afirmó que no intervendrá en esos expedientes.

“Se ejercerá el deber de abstención en cada caso. Para dar trazabilidad a estas abstenciones, ya informé formalmente al área jurídica de las empresas involucradas”, respondió al medio.

Sobre el mecanismo para resguardar la independencia de las resoluciones, añadió: “Operará la subrogancia, que es la forma que determina la ley”. Según explicó, las decisiones correspondientes quedarán en manos de quienes lo subroguen en los casos en que deba abstenerse.

Ibarra trabajó durante diez años en la SMA antes de incorporarse al sector privado en 2023. Durante su etapa en el organismo llegó a ejercer como superintendente subrogante en 2022. Dejó la institución en junio de 2023 y, en septiembre de ese año, se integró al estudio jurídico MSyA, donde asesoró a empresas que mantenían procedimientos ante la SMA.

La investigación también identifica una participación directa de Ibarra en expedientes sancionatorios de Collahuasi e Interchile cuando trabajaba en la SMA. En el caso de Collahuasi, firmó observaciones a los terceros y cuartos planes de cumplimiento y fue destinatario de la propuesta de cumplimiento final. En Interchile, firmó la reformulación de cargos y aprobó la formulación de cargos en el procedimiento abierto en 2020. Tras dejar el organismo, representó a ambas compañías en gestiones relacionadas con sus proyectos.

En el caso de Collahuasi, CIPER consignó que Ibarra acudió el 18 de mayo de 2026 a una reunión de lobby ante el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental para representar a la minera. La gestión se produjo pocos días después de que, el 14 de mayo, el Segundo Tribunal Ambiental anulara parcialmente la autorización ambiental del proyecto de planta desaladora de la compañía. Collahuasi mantiene además un procedimiento sancionatorio relacionado con incumplimientos ambientales en el Salar de Coposa.

Ibarra sostuvo ante CIPER que, en el caso de Collahuasi, su asesoría privada no estuvo relacionada con el procedimiento sancionatorio de la SMA. Respecto de los casos que involucran a sus antiguos clientes, reiteró que se aplicará el deber de abstención.

El reportaje pone el foco en el desafío institucional que supone la continuidad de estos expedientes bajo la dirección de una autoridad que previamente representó a las empresas involucradas. La forma en que se tramiten y resuelvan los procedimientos será clave para evaluar cómo se resguarda la imparcialidad del organismo fiscalizador.

Lee el reportaje de CIPER aquí