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La Corte Suprema y los tribunales ambientales confirmaron durante la última semana sanciones de la SMA. Entre ellas, una multa de unos $4.060 millones a Albemarle por infracciones en el Salar de Atacama. Se trata de un conjunto de fallos que involucran a varias empresas.

Una seguidilla de resoluciones judiciales puso esta semana el foco sobre el cumplimiento de las obligaciones ambientales de grandes proyectos en Chile. La Corte Suprema y los tribunales ambientales confirmaron sanciones impuestas por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) que, en conjunto, superan los $8.500 millones, según informó el organismo fiscalizador.

Entre los casos destaca el de Albemarle, sancionada por incumplimientos asociados a la extracción de salmuera en el Salar de Atacama. El Primer Tribunal Ambiental rechazó la reclamación presentada por la compañía y mantuvo una multa de 4.713 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalente a unos $4.060 millones.

El monto representa una parte sustantiva del total de sanciones ratificadas durante estos días y convierte al caso del salar en uno de los episodios más relevantes de esta serie de decisiones judiciales.

Cinco decisiones y más de $8.500 millones

De acuerdo con la SMA, las resoluciones judiciales conocidas durante la semana involucraron varios casos y sanciones que totalizan 9.874 UTA a proyectos asociados a KDM, Albemarle, La Estancilla, Viñedos Chadwick, Don Toro Restaurant, y Escombrera Vasco de Gama.

Las decisiones corresponden a causas en las que empresas sancionadas por la Superintendencia recurrieron ante los tribunales ambientales y, posteriormente, en algunos casos, ante la Corte Suprema. La confirmación judicial supone que las sanciones superaron las distintas instancias de revisión contempladas en el sistema.

Para la SMA, los fallos constituyen una señal respecto de la vigencia de las obligaciones establecidas en las autorizaciones ambientales y de la capacidad de fiscalización del Estado.

Pero las resoluciones también permiten observar otra dimensión: buena parte de la regulación ambiental chilena se juega en el cumplimiento de condiciones específicas —límites de extracción, sistemas de monitoreo, medidas de mitigación o planes de contingencia— cuyo incumplimiento puede terminar en sanciones millonarias.

Albemarle y los límites del Salar de Atacama

En el caso de Albemarle, el tribunal confirmó dos infracciones.

La primera corresponde a una extracción de salmuera superior al límite establecido en su autorización ambiental durante el período comprendido entre octubre de 2019 y septiembre de 2020. Según los antecedentes recogidos en el proceso, la empresa registró un caudal medio anual de 452,3 litros por segundo, por encima de los 442 litros por segundo autorizados.

La SMA calculó que aquello significó extraer 324.395 metros cúbicos de salmuera por sobre el límite permitido.

El segundo incumplimiento estuvo relacionado con el Plan de Alerta Temprana (PAT). El 2 de febrero de 2021 se activó un indicador asociado al pozo BA-07, situación que obligaba a adoptar medidas de respuesta, entre ellas una reducción de 60 litros por segundo en la extracción.

De acuerdo con el fallo, la reducción comenzó en abril, por lo que durante febrero y marzo se habrían extraído otros 639.517 metros cúbicos de salmuera. En conjunto, ambos incumplimientos representan una sobreextracción total de 963.912 metros cúbicos de salmuera, según la SMA.

La empresa cuestionó, entre otros aspectos, el criterio utilizado por la SMA para determinar el período de medición de la extracción. El tribunal, sin embargo, descartó sus argumentos y confirmó la sanción.

Una industria estratégica en un ecosistema sensible

La relevancia del caso excede el monto de la multa. El Salar de Atacama concentra una parte fundamental de la producción chilena de litio y, al mismo tiempo, constituye un ecosistema altoandino de características hidrogeológicas particularmente sensibles.

La extracción de salmuera forma parte del proceso productivo del litio, pero la dinámica hídrica del salar es más amplia y comprende sistemas de agua subterránea y ecosistemas asociados que requieren monitoreo permanente.

Por eso, los límites establecidos en las resoluciones ambientales y los mecanismos de alerta tienen una importancia que va más allá de su carácter administrativo: buscan establecer condiciones para que la actividad extractiva opere dentro de los parámetros evaluados ambientalmente.

El fallo contra Albemarle no establece por sí mismo que las infracciones hayan provocado un daño ambiental específico. Lo que confirma es que la empresa incumplió determinadas obligaciones contenidas en su autorización ambiental y en su Plan de Alerta Temprana.

El precedente que dejan los fallos

La semana de resoluciones ofrece, en conjunto, una fotografía del funcionamiento del sistema de fiscalización ambiental chileno: la SMA formula cargos y aplica sanciones; las empresas pueden recurrir ante los tribunales; y las decisiones son posteriormente revisadas por las instancias judiciales correspondientes.

En ese proceso, el caso de Albemarle adquiere especial relevancia por la magnitud de la multa y por el lugar donde ocurrieron los incumplimientos. El Salar de Atacama es uno de los territorios donde la expansión de una industria considerada estratégica para la transición energética convive con la necesidad de proteger ecosistemas dependientes de una disponibilidad hídrica limitada.

La discusión, por tanto, no se reduce al valor de las multas. También plantea cuánto control existe sobre las condiciones bajo las cuales se extraen recursos en territorios ambientalmente frágiles y qué capacidad tiene el Estado para hacer cumplir los límites que él mismo establece.