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La Comisión de Evaluación Ambiental del Biobío dio luz verde por unanimidad a la iniciativa de Minera Aclara, despertando el rechazo de la comunidad local por su impacto en ecosistemas nativos.

Por Equipo de Preservar

El pasado 8 de junio, la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la Región del Biobío aprobó de forma unánime el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de tierras raras en Penco. La iniciativa, controlada por la empresa Aclara Resources en asociación con el Grupo CAP, contempla una inversión de US$130 millones para extraer minerales clave para la electromovilidad y la transición energética. Sin embargo, el dictamen ha reabierto un histórico conflicto socioambiental en la zona, enfrentando las expectativas de crecimiento económico con la férrea oposición de las comunidades locales y agrupaciones ecológicas.

El proyecto, denominado «Módulo Penco», pretende operar sobre un yacimiento de arcillas superficiales (arcillas iónicas) a lo largo de 600 hectáreas. A diferencia de la minería tradicional de roca sólida, la empresa utilizará un método patentado de «Cosecha Circular de Minerales» que no requiere explosivos, molienda ni chancado, y que promete recircular el 95% del agua del proceso mediante el uso de aguas grises tratadas provenientes de una sanitaria de Concepción. Asimismo, el plan de cierre de la minera contempla la reposición de la capa vegetal y la reforestación de más de 100 hectáreas con especies nativas.

Pese a estas medidas tecnológicas y a que la Comisión Chilena de Energía Nuclear descartó riesgos de contaminación radioactiva en el proceso, la ciudadanía y las autoridades locales mantienen un rechazo absoluto. El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, y el Concejo Municipal han manifestado su intención de declarar la comuna como territorio libre de minería.

La principal preocupación de los vecinos y de organizaciones como «Parque para Penco» y «Penco-Lirquén Libre de Mineras» radica en la cercanía de las faenas —a menos de dos kilómetros de zonas pobladas— y en el daño irreversible que se podría causar a la biodiversidad local. El área del proyecto alberga especies de alto valor de conservación y en peligro de extinción, como el queule (Gomortega keule), el pitao (Pitavia punctata) y el naranjillo (Citronella mucronata), declarados Monumento Natural. Desde la comunidad advierten que la pérdida de bosque nativo no se compensa con la plantación de nuevos árboles, ya que se destruye un entramado biológico complejo que incluye hongos, bacterias y fauna asociada.

A este debate se suman cuestionamientos sobre la conveniencia y el emplazamiento de la iniciativa. Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA, criticó la postura de las autoridades frente a la evaluación del proyecto señalando en radio Súbela que «sabemos que este gobierno va a aprobar prácticamente cualquier cosa, ¿no? No hay mucho interés por revisar qué contenido tiene ni mucho interés por revisar tampoco si es conveniente o no es conveniente para las personas». Asimismo, Costa recordó que la propuesta ya ha sido rechazada previamente en dos oportunidades debido a su extrema cercanía con la ciudad, una situación que «convierte a esta zona en una zona minera, cosa que razonablemente las personas que habitan en ese lugar pueden no querer. Y en este caso no quieren».

Asimismo, expertos como el Dr. Ricardo Barra, director del Centro EULA-Chile de la Universidad de Concepción, advierten que, aunque el uso de una solución de amonio evita los drenajes ácidos típicos de estas faenas a nivel mundial, el procesamiento de grandes volúmenes de nitrógeno genera riesgos de filtración que podrían provocar la eutrofización de cursos de agua. Barra también apunta a la falta de «licencia social» del proyecto y a la necesidad de un monitoreo ambiental permanente y riguroso.

Tras la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), la disputa se trasladará ahora a los tribunales. Vecinos y agrupaciones socioambientales, bajo la asesoría jurídica de la ONG Defensa Ambiental, anunciaron que presentarán recursos de reclamación ante el Comité de Ministros y acudirán a los tribunales ambientales dentro del plazo legal de 30 días hábiles para intentar revertir la aprobación de un proyecto que consideran incompatible con el desarrollo sostenible de su territorio.