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Chile tiene 795 depósitos de relaves registrados y 654 están inactivos o abandonados. El desafío no termina con el cierre de una mina: algunos pasivos permanecen cerca de comunidades, ríos y áreas urbanas, mientras el país busca fortalecer su monitoreo y remediación.

Por Equipo de Preservar.

La minería puede terminar en una faena, pero sus residuos permanecen. En Chile, esa realidad está representada por 654 depósitos de relaves que ya no se encuentran en operación, una cifra que obliga a mirar la actividad minera más allá de su etapa productiva.

Según los datos de la Agenda de Relaves 2025-2026 del Ministerio de Minería, elaborados a partir del catastro de Sernageomin, el país registra 795 depósitos: 601 están inactivos y 53 abandonados. A ellos se suman 128 activos, 12 en construcción y uno en revisión. En otras palabras, más de ocho de cada diez instalaciones registradas ya no están operativas.

La condición de inactividad no significa necesariamente que un depósito esté abandonado ni que represente por sí mismo un riesgo inmediato. Pero sí plantea una pregunta de largo plazo: quién controla, monitorea y eventualmente remedia estas instalaciones cuando la actividad que las generó ya terminó.

“Es importante destacar que la condición de inactividad no implica necesariamente abandono o falta de control, aunque sí exige mecanismos de gestión apropiados”, señala Claudio Román, Principal Geotechnical Engineer de Ausenco.

Cuando los relaves quedan junto a las comunidades

La dimensión ambiental y territorial adquiere especial importancia cuando estos depósitos se encuentran cerca de zonas habitadas.

Un ejemplo reciente es el relave Petronila Díaz, en Petorca, un depósito abandonado de 0,9 hectáreas situado dentro del área urbana, próximo a sectores residenciales, espacios de uso público y al río Petorca. En agosto de 2026, la Seremi del Medio Ambiente inició nuevos muestreos para determinar la presencia de contaminantes y evaluar el riesgo ambiental y para las personas. El sitio había sido priorizado precisamente por su cercanía a la población y al río.

Otro caso es el relave Carmen, en Vallenar, un pasivo minero histórico emplazado en la ribera norte del río Huasco y dentro del área urbana de la comuna. En abril de 2026, el Ministerio del Medio Ambiente presentó los resultados de un estudio de evaluación de riesgo ambiental y un plan de remediación para el sitio.

En San Felipe, el Ministerio del Medio Ambiente también concluyó en enero de 2026 una evaluación ambiental y sanitaria del relave Encón, identificado como sitio prioritario debido a su condición de abandono, su proximidad a áreas urbanas y su cercanía al estero Quilpué. El estudio descartó niveles de riesgo para la población en diversas matrices analizadas, un resultado que ilustra la importancia de evaluar cada depósito sobre la base de evidencia específica y no únicamente por su condición de abandono.

Estos casos muestran una cuestión que puede quedar diluida cuando el problema se aborda únicamente desde la estabilidad de las estructuras: el lugar donde se emplaza un depósito también importa. La cercanía a viviendas, cursos de agua y espacios utilizados por la población determina quién queda expuesto a eventuales riesgos y qué medidas de prevención, monitoreo o remediación pueden ser necesarias.

El legado ambiental de una actividad que continúa

La preocupación por los relaves tampoco es nueva. Un estudio publicado en la Revista INVI de la Universidad de Chile analizó el caso de Chañaral y documentó cómo la contaminación histórica asociada a los relaves ha trascendido la dimensión estrictamente ambiental para convertirse también en un problema social y territorial.

La investigación describe experiencias de incertidumbre y sufrimiento ambiental entre habitantes que conviven con el legado de la contaminación, y plantea que la falta de medidas concretas puede profundizar la sensación de desprotección de las comunidades.

Otro estudio, publicado en la Revista de Geografía Norte Grande, analizó comunidades de la cuenca del Lago General Carrera, en Aysén, y abordó la conflictividad asociada al legado contaminante de antiguos relaves. La investigación destaca las dificultades que pueden surgir cuando existe incertidumbre sobre los riesgos y sobre la forma en que los contaminantes pueden afectar al territorio y a sus habitantes.

La evidencia disponible no permite afirmar que todos los depósitos inactivos o abandonados generen actualmente un daño ambiental o sanitario. Sí muestra, sin embargo, que existen sitios en los que la proximidad entre pasivos mineros y comunidades hace necesaria una evaluación específica del riesgo.

Del cierre de la mina al ciclo completo del relave

La discusión comienza a desplazarse así desde una lógica centrada en la operación hacia una perspectiva de ciclo de vida.

Para Román, la gestión de los depósitos debe considerar desde las primeras etapas de un proyecto aspectos como el seguimiento, la evaluación de riesgos, el monitoreo y el cierre.

El especialista también plantea que algunos depósitos podrían contener minerales que todavía tengan valor económico y que, bajo determinadas condiciones, podrían ser reprocesados. Las alternativas, agrega, incluyen disposición, reprocesamiento, reutilización, reubicación o remediación, dependiendo de las características de cada instalación.

Esta última posibilidad conecta el problema de los pasivos mineros con la economía circular, pero también exige cautela. Recuperar minerales desde antiguos relaves no elimina automáticamente los riesgos ambientales ni convierte todos los depósitos en recursos aprovechables. Cada caso requiere evaluar su composición, estabilidad, ubicación, costos y posibles impactos.

La responsabilidad no termina con la producción

Chile cuenta con un marco regulatorio que exige autorización para construir, operar y modificar depósitos de relaves y establece requisitos técnicos y de seguridad a través del Decreto Supremo N.º 248. Sernageomin también fiscaliza el cumplimiento de las normas y mantiene información pública sobre estas instalaciones.

El desafío es que la escala del problema excede la vida útil de muchas operaciones. Sernageomin ha señalado que existen numerosos depósitos pequeños asociados a la pequeña minería y que, aunque su volumen sea menor frente a los grandes depósitos, no por ello dejan de ser relevantes para los ecosistemas y la población. El organismo estima además que en Chile se depositan alrededor de 537 millones de toneladas de relaves al año.

Por eso, la discusión sobre relaves no puede reducirse a cuánto material genera la minería ni a cuántos depósitos cumplen actualmente con las condiciones exigidas. También implica preguntarse qué ocurre con ellos cuando dejan de producir y cómo se protege a las personas que viven en sus proximidades.

“La gestión integrada de la seguridad, la operación y el desempeño ambiental constituye un elemento fundamental para una adecuada gestión de riesgos durante todo el ciclo de vida de las instalaciones”, sostiene Román.

La frase resume una de las principales tensiones del debate: el ciclo de vida de una mina puede terminar mucho antes que el de sus residuos. Para las comunidades que conviven con esos depósitos, esa diferencia puede traducirse en décadas de monitoreo, incertidumbre y, en determinados casos, la necesidad de recuperar territorios afectados.