Preservar

Greenpeace Chile presentó una querella criminal tras revelarse pagos de Andes Iron a un estudio jurídico investigado por corrupción en el Poder Judicial.

Por Equipo de Preservar

El proyecto minero-portuario Dominga vuelve a quedar bajo sospecha. Esta vez no por sus impactos ambientales ni por las tensiones políticas que han marcado más de una década de tramitación, sino por una posible nueva arista de corrupción que podría comprometer a actores vinculados al Poder Judicial.

La organización ecologista Greenpeace Chile presentó una querella criminal contra quienes resulten responsables —como autores, cómplices o encubridores— de los delitos de cohecho agravado y revelación de secretos en el marco de la tramitación del proyecto impulsado por Andes Iron. La acción judicial fue declarada admisible por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

La ofensiva judicial surge tras un reportaje del medio Reportea que reveló pagos por más de 255 millones de pesos realizados por Andes Iron al estudio jurídico Lagos, Vargas & Silber, pese a que la empresa ya contaba con otra representación legal para Dominga. Dos de los socios de esa oficina —los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas— permanecen actualmente en prisión preventiva e imputados por el denominado caso “Muñeca Bielorrusa”, investigación que indaga una red de corrupción judicial y presuntos pagos ilícitos a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

El abogado penalista Mauricio Daza, quien representa a Greenpeace en esta acción, sostuvo que existen dudas sobre el verdadero objetivo de las contrataciones realizadas por la minera. Según explicó, aunque las glosas describen los pagos como “asesoría jurídica y técnica vinculada al proceso de calificación ambiental”, existirían antecedentes que pondrían en cuestión esa versión.

Daza afirmó que la investigación debe esclarecer si hubo actuaciones ilícitas destinadas a influir en decisiones judiciales relacionadas con Dominga. En ese contexto, recordó que uno de los nombres que aparece mencionado en las indagatorias es el del actual ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, quien ha participado en fallos favorables al proyecto minero. El abogado señaló además que la investigación penal ha revelado eventuales vínculos entre el magistrado y el estudio jurídico involucrado.

Desde Greenpeace sostienen que el caso amenaza con profundizar el deterioro de la confianza pública en las instituciones. El director de la organización en Chile, Matías Asun, afirmó que la querella busca “esclarecer la verdad” y resguardar la integridad de la institucionalidad ambiental y judicial.

“El proyecto ha sido rechazado en tres oportunidades por la institucionalidad competente y aun así ha continuado avanzando mediante recursos judiciales”, señaló Asun, quien insistió en la necesidad de investigar posibles sobornos asociados a la tramitación de Dominga.

La controversia en torno al proyecto no es nueva. Desde su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en 2013, Dominga ha atravesado una cadena de rechazos, apelaciones y fallos divididos. Sus propietarios y defensores han debido enfrentar reiterados cuestionamientos públicos y judiciales, en un expediente donde política, negocios y tribunales se han entremezclado persistentemente.

Greenpeace también recordó que el exfiscal Manuel Guerra —quien en 2017 cerró una investigación vinculada a Dominga— enfrenta hoy investigaciones por presuntas irregularidades en el manejo de causas de alta connotación pública.

Para la organización ambientalista, el nuevo episodio confirma la necesidad de reforzar los estándares de probidad y transparencia en el funcionamiento del Estado. “La ciudadanía exige instituciones íntegras y autónomas, capaces de actuar libres de presiones o intereses indebidos”, sostuvo Asun.