Preservar

En medio del creciente debate sobre la llamada “permisología” y su impacto en la inversión, el director ejecutivo de Greenpeace Chile, Matías Asún, planteó en Radio Cooperativa que el foco no debe estar en desregular, sino en fortalecer una normativa ambiental que entregue certezas, con reglas claras y basadas en la ciencia que permita compatibilizar desarrollo económico, protección ambiental y seguridad jurídica en Chile.

Por Equipo de Preservar

En una entrevista emitida esta mañana por Radio Cooperativa, el director ejecutivo de Greenpeace Chile, Matías Asún, abordó uno de los ejes más sensibles del debate público actual: el rol de la regulación ambiental en Chile y su impacto en el desarrollo económico, la inversión y la calidad de vida de las personas. Lejos de ser un obstáculo, Asún planteó que una regulación clara, moderna y basada en evidencia científica es fundamental para el crecimiento del país.

Ante el creciente debate en torno a la llamada «permisología» y sus repercusiones para la inversión, Matías Asún —director ejecutivo de Greenpeace Chile— se manifestó en Radio Cooperativa a favor de reforzar, y no debilitar, la normativa ambiental. «Desregular hoy equivale a aumentar la incertidumbre», advirtió el líder ambientalista, quien sostiene que la clave está en establecer reglas transparentes y respaldadas por la ciencia, capaces de armonizar desarrollo económico, resguardo del medio ambiente y estabilidad jurídica en Chile.

Certeza jurídica y planificación: el valor de reglas claras

Uno de los conceptos más relevantes planteados en la entrevista es el de certeza jurídica, un elemento clave tanto para el mundo ambiental como para el sector privado. Asún advirtió que cuando no existen estándares claros o estos se debilitan, los proyectos terminan enfrentándose en tribunales, lo que genera retrasos e incertidumbre: “si no hay reglas claras (…) las terminamos enfrentando en tribunales. Eso es lo que hay que evitar”. En este sentido, una regulación robusta permite anticipar impactos, definir límites y ordenar el desarrollo territorial, reduciendo riesgos tanto ambientales como económicos.

El debate no pasa necesariamente por reducir la regulación, sino por mejorarla y hacerla más eficiente. En esa línea, Asún reconoció que existe espacio para optimizar procesos, como la dispersión institucional en la tramitación de permisos, ya que “ordenar la permisología que está dispersa entre miles de instituciones (…) tiene todo el sentido del mundo”. No obstante, advirtió que bajo el argumento de agilizar procesos no se puede avanzar hacia una desregulación que debilite los estándares ambientales.

Regulación basada en ciencia y largo plazo

Otro punto crítico es la necesidad de que la normativa ambiental esté sustentada en criterios técnicos y científicos, y no en decisiones coyunturales o presiones políticas. Asún cuestionó duramente ciertas declaraciones públicas que reflejan desconocimiento sobre el funcionamiento de los ecosistemas, señalando que el debate debe elevar su nivel debido a que “lo que necesitamos (…) es un enfoque más profesional, basado en ciencias, más serio”. Esto implica incorporar variables como el cambio climático, la resiliencia de los ecosistemas y los impactos acumulativos de las actividades productivas.

La entrevista en Radio Cooperativa también abordó las consecuencias sociales de una regulación débil o mal implementada. En particular, Asún destacó cómo las comunidades más vulnerables suelen ser las más afectadas por la degradación ambiental. Afirmó, que “la dimensión social y la dimensión ambiental se cruzan” y ejemplificó como las zonas de sacrificio o la exposición a contaminantes evidencian que la falta de regulación efectiva no solo daña el medioambiente, sino que también profundiza las desigualdades.

Evaluación ambiental y estándares: evitar la discrecionalidad

Un aspecto clave señalado por Asún es la importancia de contar con estándares mínimos bien definidos, que eviten la discrecionalidad en la evaluación de proyectos. Cuando estos estándares no existen o son débiles, son las propias empresas las que terminan evaluando los impactos, lo que puede encarecer procesos y generar desconfianza. 

En el fondo, el planteamiento de Asún apunta a superar la idea de que regulación ambiental y desarrollo son conceptos opuestos. “No es posible pensar en el desarrollo económico sin las consideraciones ambientales”, afirmó el director ejecutivo de Greenpeace Chile, ya que un marco regulatorio adecuado no solo permite proteger el patrimonio natural, sino también impulsar industrias sostenibles, como las energías renovables, donde Chile tiene ventajas comparativas a nivel global.